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SANTO DOMINGO.– Participación Ciudadana afirmó que, aunque el nuevo Código Penal presenta importantes debilidades, no considera conveniente extender el período de vacatio legis ni aplazar su entrada en vigencia, prevista para agosto de este año, al entender que ello sentaría un precedente institucional negativo.
La organización sostuvo que las fallas de la legislación deben corregirse lo antes posible, incluso antes de que el Código comience a aplicarse, ya sea mediante una reforma impulsada por el Congreso Nacional o a través de decisiones del Tribunal Constitucional, que ya conoce recursos relacionados con varios de sus contenidos.
Entre los aspectos que considera prioritarios figura la incorporación de las tres causales que eximen de responsabilidad penal la interrupción del embarazo cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer, el embarazo sea consecuencia de violación o incesto, o el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
Asimismo, planteó la necesidad de despenalizar los delitos de difamación, injuria y ultraje, en consonancia con la tendencia internacional de fortalecer la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo.
No obstante, la entidad reconoció que el nuevo Código Penal representa un avance significativo al incorporar cerca de 70 nuevos tipos penales en áreas de alta sensibilidad, entre ellas la violencia de género e intrafamiliar, el feminicidio, los ciberdelitos, los delitos financieros y de corrupción, así como crímenes de lesa humanidad, genocidio, sicariato, autosecuestro y obstrucción de la justicia.
En materia de corrupción administrativa, destacó que la nueva normativa sanciona diversas conductas ilícitas, como el tráfico de influencias, los conflictos de intereses, la alteración de precios, los acuerdos ilícitos entre comerciantes, la concesión dolosa de ventajas a terceros, la sobrevaluación ilegal, la distracción de recursos públicos y los pagos irregulares en contratos administrativos. Además, establece que los delitos contra el patrimonio público prescribirán a los 20 años.
Recordó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de ley destinado a corregir las deficiencias del nuevo Código Penal, por lo que expresó su expectativa de que la iniciativa sea presentada al Congreso Nacional sin demora, a fin de subsanar las disposiciones cuestionadas y fortalecer el marco jurídico penal del país.
