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CARACAS.- Venezuela enfrenta una tragedia masiva tras el doblete sísmico del 24 de junio de 2026. Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros, la gestión oficial de la emergencia genera un intenso debate.
Las críticas ciudadanas señalan una respuesta lenta y descoordinada. Las más duras acusan al Gobierno de impedir que civiles acudan a socorrer a los afectados.
«Es una catástrofe que rebasa a cualquier gobierno, incluso a los más preparados», dijo a DW el ingeniero mexicano Jesús Valdez Aguilar, CEO de Miyamoto, quien apoya a las brigadas mexicanas de rescate. Tras recorrer Catia La Mar, en La Guaira, describió cuadras enteras reducidas a escombros. “Es la situación más grave que me ha tocado presenciar, solo comparable con otros grandes terremotos del mundo”, afirmó. Estima que cerca del 90% de los edificios de mediana y gran altura tienen daños severos y una quinta parte colapsó.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
El politólogo Andrés Cañizález cuestiona la respuesta oficial desde el inicio. Lo principal, dice, fue la ausencia inicial de las Fuerzas Armadas en el rescate. «Mucha gente demandó o echó en falta esa presencia, sobre todo porque cuentan con equipos y tradicionalmente han sido los primeros en activarse», explicó a DW.
Coincide Ángel Rangel, exdirector de Protección Civil entre 1999 y 2001: «Uno de los componentes del Estado con mayor capacidad logística y de equipamiento no se activó como cabía esperar». Rangel recuerda que existían planes conjuntos entre militares, bomberos, Protección Civil, el sistema sanitario y la Cruz Roja, pero perdieron prioridad cuando los militares se concentraron en seguridad interna.
«Las primeras 24 o 48 horas son vitales para salvar vidas y la movilización fue muy lenta», sostiene Rangel. Advierte que más de 20 equipos internacionales de rescate no bastan sin una coordinación nacional eficaz. «Las misiones terminan haciendo lo que pueden junto a bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y la comunidad, que trabajan con las manos, sin herramientas. Pero hace falta mucho más que corazón».
Para Rangel, el problema viene de años sin preparación frente a desastres. Venezuela tiene tres grandes fallas sísmicas bajo la mayoría de la población. «Los eventos son naturales; los desastres los construimos con nuestras decisiones», sentencia.
CRITICAS A MILITARES
Valdez Aguilar rechaza señalar un único responsable. «No hay un gobierno que pueda estar cien por cien preparado para algo así», argumenta. Mantener miles de rescatistas a la espera sería inasumible, más en un país sin un sismo comparable en más de un siglo.
En redes circulan videos de militares impidiendo el paso a civiles que quieren ayudar. Valdez confirma haber visto numerosos puntos de inspección militar que ralentizan el acceso. «Entorpecen los traslados, porque obligan a hacer desvíos para desincentivar que la gente vaya hacia La Guaira, como si fueran a hacer cosas indebidas. Es un criterio que no comparto, pero fue decisión del Gobierno», dijo a DW.
DEFICIT COMUNICACIONAL
Cañizález señala un importante déficit comunicacional del Gobierno. Mientras seguía el rescate, los dirigentes lucían alejados de las zonas afectadas. «En una emergencia de esta magnitud esperas un centro de operaciones desde el que se informe permanentemente. Esa sensación de cercanía no existió durante las primeras horas», afirma. Para él, la gestión deja «profunda insatisfacción» en la opinión pública.
2026 ha puesto a prueba el papel de los militares en Venezuela: primero con la intervención de EE. UU. para detener a Nicolás Maduro y ahora con los terremotos. «Esto deja otra interrogante sobre qué está ocurriendo en las Fuerzas Armadas, eslabón de un Gobierno cuya pata de legitimidad está en el poder de las armas», concluye Cañizález.
